La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el Táchira, con pruebas en mano denunció que las empresas del estado creadas con patrimonio y dinero de los tachirenses, Vielma Mora se las quiere llevar porque con ellas es que él hace sus grandes guisos con las importaciones que lo han hecho multimillonario y no quiere perder esta alcancía.

Diputados oficialistas del Consejo Legislativo estadal, desmintieron el nombramiento de Omar Hernández, como gobernador encargado del estado Táchira, ante la no juramentación de Laidy Gómez, en la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-.

El diputado en el Consejo Legislativo Estadal, Juan Carlos Palencia, denunció un presunto “golpe de Estado” contra la gobernadora electa Laidy Gómez, desde el CLET señalando que en sesión ordinaria se tendría previsto nombrar al legislador Omar Hernández como primer mandatario regional.

El diputado en la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, denunció que la Policía del estado Táchira, la cual fuera dependiente del Ejecutivo regional, fue traspasada al Gobierno central, siendo asumida por el general José Noguera, alias “el chuky”.

“Esta persona es muy en el mundo del contrabando y en el cierre de frontera, donde se hizo socio de Vielma Mora, y es él quien lo trae, quien trajo esta pesadilla para los tachirenses, con los poquitos del PSUV, que quedan aquí en el estado” dijo.

Precisó el legislador que las instalaciones del cuartel de prisiones en el sector de La Concordia, fueron tomadas por Noguera, “pues se dieron cuenta que la policía se puso de inmediato al servicio del pueblo, y a ellos nos les conviene tener un cuerpo policial combatiendo el contrabando”.

Irregularidades

En el mismo orden de ideas, comentó que, tras su visita a este organismo, al presidir la comisión de enlace, señaló que pudo constatar una serie de irregularidades, entre las cuales destacan, hacinamiento y desnutrición en los privados de libertad y efectivos.

“Debo decirles a los policías que hoy, no hay dinero para pagarles, ni salarios, cestaticket y aguinaldos” apuntó.

Maryerlin Villanueva / Diario Católico 

 El Concejo Municipal de San Cristóbal en sesión extraordinaria aprobó emitir un acuerdo municipal dirigido a Monseñor Mario Moronta, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que sean intermediarios en la excarcelación del concejal de este Municipio José Vicente García quien cumplió ayer un año de ilegal, injusta y arbitraria prisión en el Helicoide de Caracas.

El parlamentario jubilado Walter Márquez y defensor de los derechos humanos, asistió este martes a la segunda ronda de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, cuyo fin es investigar la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, para exponer su ponencia: Examen Preliminar Caso Venezuela Crímenes de lesa humanidad, en la cual detalla y analiza los abusos cometidos en el país durante las protestas populares de 2014 y 2017 y el cierre de frontera de 2015.

Una de las obras más anheladas por los usuarios y personal del Hospital Central de San Cristóbal eran los ascensores, trabajo que hoy se ve consolidado gracias a la inversión de 5 mil millones de bolívares que aprobó el presidente para la reparación y adecuación de estos artefactos, los cuales se entregan hoy para el beneficio del pueblo tachirense, así lo señaló Jean Carlo Sánchez, director general.

“A partir del día lunes 16 de octubre, se efectuó un cambio en la frecuencia del servicio público  de recolección de desechos sólidos en el municipio San Cristóbal, el cual pasará a prestar el servicio de recolección  del aseo urbano 2 veces por semana.

Como "acto vandálico" calificó el diputado al Consejo Legislativo del Táchira, Juan Carlos Palencia, la extracción de bienes públicos y traspaso de fondos de la Gobernación a otros organismos, luego de resultar ganadora Laidy Gómez.

Omar Hernández, presidente del Consejo Legislativo del estado Táchira, informó que fue aprobado mediante resolución, un acuerdo de dos páginas firmado por el gobernador saliente, José Vielma Mora, el traspaso de cinco organismos del Ejecutivo regional al Ministerio del Poder Popular de Planificación.

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